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Principios generales, éticos y de conducta. - Contenido educativo
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El artículo 103 de nuestra Constitución de 1978, la Constitución Española,
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ubicado en el título IV denominado del Gobierno y de la Administración, establece
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La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales
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y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
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desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Ya tenemos al más
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alto nivel unos principios que delimitarán el desarrollo de nuestros deberes. Me centraré
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brevemente en algunos. Servir los intereses generales, pues la educación y el progreso de
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la sociedad es un interés que tenemos como colectivo. Lo debemos hacer de forma eficaz,
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consiguiendo el objetivo y el efecto que se desea o se espera, es decir, el máximo desarrollo
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de los alumnos. Lo hacemos en un entorno jerárquico, con distintos niveles y distintas responsabilidades.
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Los órganos superiores, el director de área territorial, los equipos directivos, los jefes
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de departamento, no se os escapa que muchos de vosotros, tarde o temprano, terminaréis
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asumiendo responsabilidades directivas en los centros educativos, por lo que deberéis
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liderar esos principios y esas responsabilidades.
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Y finalizo con el principio de coordinación, y este principio a muchos niveles.
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La labor docente que se desarrolla en los centros no puede entenderse como labor individualizada, personal.
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La labor es y debe ser coordinada.
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El techo de cristal del sistema educativo no es la formación de cada docente, entendida como elemento individual,
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sino la capacitación grupal, es decir, la intervención coordinada de un equipo docente
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que desdibuja los departamentos y se conforma en equipo de centro
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para intervenir de forma global entre la cohorte de alumnos.
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Esa será la mejor forma de sacar el máximo provecho de las capacidades de los alumnos.
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Este término, que ya ha salido varias veces, el del pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, es el recogido en el artículo 2, fines de nuestra Ley Orgánica de Educación.
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Y ahora, debo recordaros el último elemento de los recogidos en el citado artículo 103 de nuestra Constitución, consometimiento pleno a la ley y al derecho.
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Con el cumplimiento de las normativas y disposiciones reglamentarias a todos los niveles, pero no solo.
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Vamos a ir descubriendo este tejido de deberes y normas y disposiciones que delimitan nuestro trabajo.
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En nuestro contexto, como personal de las administraciones públicas, podemos centrarnos en lo que ha establecido el capítulo VI,
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Deberes de los Empleados Públicos, del Real Decreto Legislativo 5-2015, de 30 de octubre,
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
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del denominado EBEB.
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Permitidme que os señale aquellos aspectos más nucleares.
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Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas.
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Velarán los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico
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Actuarán con arreglo a los siguientes principios
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Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad
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eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre
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mujeres y hombres. Cada uno de esos términos recogidos literalmente en el artículo 52 del
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estatuto básico del empleado público, perdón, de nuestro estatuto básico como empleados públicos
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podría provocar un desarrollo en módulos concretos que no podemos hacer.
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Pero sí os invito a reflexionar sobre ellos para descubrir cuál es el posible alcance.
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Y no puedo dejar de puntualizar que ese artículo da tanta importancia a esos principios
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que finaliza señalando que los principios y reglas establecidas en este capítulo
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informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
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El estudio del régimen disciplinario, que forma parte de otro capítulo de esta actividad formativa,
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debe ser entendido como una garantía para la sociedad en el desarrollo de los deberes que tenemos como empleados públicos.
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Por eso, unificando los conceptos de administración pública y entorno educativo,
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nunca me cansaré de delimitar que si la labor docente es importante en una sociedad,
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la que se desarrolla en un entorno público vinculado a las administraciones públicas debe ser mucho más importante.
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Seguidamente, ese capítulo VI de nuestro Estatuto Básico como Empleados Públicos
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establece dos términos muy vinculados con la temática de este módulo.
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los principios éticos y los principios de conducta.
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En relación a los principios éticos, el artículo 53 establece un marco que debemos tener permanentemente presente en nuestra labor.
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el respeto a la Constitución y al resto de normas, la búsqueda de la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos orientadas hacia la imparcialidad y el interés común,
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el desarrollo bajo los principios de lealtad y buena fe con la Administración y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos,
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El respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas
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Evitando cualquier discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra circunstancia o condición personal o social
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La abstención en asuntos en los que tenga un interés personal.
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La no aceptación de ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada.
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La actuación con los principios de eficacia, economía y eficiencia,
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vigilando la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
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El cumplimiento con diligencia de todas las tareas que nos correspondan o se nos encomienden.
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El ejercicio de las atribuciones según los principios de dedicación al servicio público,
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absteniéndonos de cualquiera que comprometa la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
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Guardar secreto en las materias clasificadas y mantener la debida discreción
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discreción sobre aquellos asuntos que conozcamos por razón de nuestro puesto. Y en relación al
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artículo 54, principios de conducta, os señalo. Tratar con atención y respeto a los ciudadanos,
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a sus superiores y a los restantes empleados públicos. Desempeñar las tareas del puesto
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de trabajo de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecido. Obedecer las
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instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción
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manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso se deberán poner inmediatamente en conocimiento
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de los órganos de inspección procedentes. Informar a los ciudadanos de los asuntos que
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tengan derecho a conocer, facilitando el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
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obligaciones. Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad. Velar también por su
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conservación. Rechazar cualquier regalo, favor o servicio que vaya más allá de los usos habituales
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de cortesía. Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega
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a sus posteriores responsables. Mantener actualizada su formación y cualificación. Este apartado
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está perfectamente vinculado con el capítulo 3 del título tercero de la Ley Orgánica
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de educación. En concreto, el artículo 102 habla de la formación del profesorado como
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derecho y como deber. También observar las normas sobre seguridad y salud laboral y poner
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en conocimiento de los superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren
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adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en las que estemos
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destinados, es decir, colaborar en la mejora de la organización. Este compendio de principios
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éticos y principios de conducta son una buena introducción para adentrarlos en los deberes
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como profesores y para introducirnos en la deontología profesional docente que desarrollaremos
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en el siguiente capítulo.
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- Autor/es:
- ISMIE
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- 24 de septiembre de 2024 - 19:22
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- ISMIE
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- 10′ 45″
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