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“Mediación escolar: quién, qué y cómo” D. José Díaz Cappa (Foro Convivencia 2007)
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Ponencia del Foro para la Convivencia (Encuentro Europeo por la Convivencia) realizada el día 30 de enero de 2007 en el Centro Cultural Conde Duque: “Mediación escolar: quién, qué y cómo” por el Ilmo. Sr. D. José Díaz Cappa, Fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
Vamos a dar paso a nuestro siguiente interviniente en esta mesa, que es José Díaz Capa.
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José Díaz Capa está a la derecha de la mesa, a mi derecha.
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Es fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
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Ingresó en la carrera fiscal en el 90 y desde entonces ha desempeñado su tarea
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con especial dedicación a las secciones de menores de las fiscalías,
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primero en Castellón y ahora en Islas Baleares.
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Es autor de numerosos artículos y publicaciones centradas en la protección de menores,
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procesos penales de menores, procesos de adopción,
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por poner algunos ejemplos de sus áreas de investigación y publicación.
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Este mismo mes ha escrito un artículo para el libro de conmemoración del 20 aniversario
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del Proyecto Hombre en las Islas Baleares con un título tan pertinente a este foro
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como es prevención o castigo.
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La intervención de José Díaz Capa va a estar centrada en la mediación escolar,
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la mediación entendida como proceso que puede facilitar el encuentro de soluciones
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ante conflictos de vida escolar.
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Todos sabemos que hoy algunos plantean la mediación como la forma de resolución
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de conflictos en la escuela.
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Y en cualquier caso no cae duda de que es una forma, no sé si la forma,
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de abordar los conflictos, pero sí es una forma.
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Y además en muchos centros de la Comunidad de Madrid, de hecho,
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ya se usa como método de resolución de conflictos.
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Profesor Díaz Capa tiene la palabra.
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¿Qué tal? Buenas tardes.
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Antes de que alguien me haga la pregunta de qué hace un fiscal hablando de mediación escolar
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y para evitar esta pregunta perversa que seguramente me harán al final,
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pues yo se lo contesto ahora.
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Si hay alguna institución en todo caso que pueda tomar parte en cualquier ámbito
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referido a menores, y de eso me siento orgulloso sin duda alguna, es el Ministerio Fiscal.
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Y una de mis primeras pautas aquí es intentar hacerles ver que dentro del carácter colaborador
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e interdisciplinar, en el que debe moverse la solución de todos los problemas
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que afecten a menores en la escuela o en cualquier otro ámbito,
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debe también formar parte, por supuesto, la institución a la que represento.
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Pero bueno, me centro en los aspectos a los que voy a limitarme en esta exposición.
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En primer lugar, quiero hacer ver que no se trata ni mucho menos de someter,
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ni les voy a dar un conjunto de pautas normativas ni de leyes.
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Espero no mencionar ninguna.
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Voy a hablar desde otra órbita totalmente distinta,
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que a lo mejor a algunos les puede parecer que no se corresponde con lo que yo debería hablar aquí.
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Pero verán que en cierto modo es así.
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No trato de someter la mediación escolar como forma de resolución de conflictos
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ni mucho menos a la legislación, a la norma, a la ley.
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Lo que trato es de sincronizarlas.
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Lo que trato es de hacer ver que la mediación escolar es un conjunto de metodologías,
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es un conjunto de técnicas terapéuticas, sociológicas, psicológicas, educativas,
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como quieran llamarlas, pero que no pueden ser ajenas de ninguna manera
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a ciertas dosis de normatividad.
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Hay algo que tiene que reflejar cuáles son las bases en las que se va a poder aplicar
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toda esa maravillosa teoría que está en cualquier programa de mediación que podamos encontrarnos.
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Esto es, por muy maravillosa que sea una casa, por muy maravilloso que sea un coche,
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la casa tiene que seguir teniendo puertas y ventanas,
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el coche tiene que seguir teniendo ruedas y volante,
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y por la casa hay que entrar por la puerta y hay que entrar con la llave que pueda abrir
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y en el coche hay que ponerlo en marcha igualmente con las llaves que correspondan.
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No podemos hacer el puente para llegar a un fin que no se corresponde
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o no podemos entrar por la puerta con una llave que no sea la que corresponde
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o forzando la cerradura.
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Por tanto, hay unas mínimas normas que nosotros practicamos a diario
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y que también deben ser aplicadas a la mediación escolar.
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Cuando nosotros vamos a comprar o cuando simplemente andamos por la calle
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o cuando llevamos a cabo cualquier tipo de actuación,
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aunque no lo pensemos realmente, estamos ejercitando derechos.
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Mi derecho a la libre deambulación, mi derecho a comprar algo
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y a exigir una contraprestación por eso que hago.
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Y esto que hacemos mecánicamente existe realmente
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y estamos hablando, sin duda alguna, de normas.
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Y estas normas también deben ser aplicadas a la mediación escolar.
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Y fundamentalmente hay tres aspectos en los que se centra mi exposición
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que son quién puede someterse a la mediación escolar,
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qué puede ser objeto de mediación escolar
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y cómo en su caso puede exigirse el cumplimiento o exigibilidad
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de algo que haya sido mediado a través de los agentes oportunos.
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Es evidente que hay una serie de cuestiones generales
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antes de abordar todo esto que son necesarias o de necesaria consideración.
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En primer lugar, todos sabemos, por supuesto, que los conflictos
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o el conflicto es algo consustancial al ser humano.
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En todos lados existen conflictos.
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Lo que no es normal es, de ninguna de las maneras,
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que sea la violencia la forma en que deba resolverse.
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Tenemos que intentar o bien evitar esa violencia o bien promocionar
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o formar a la gente con las habilidades sociales y educativas suficientes
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como para poder evitar llegar a la solución de ese problema
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a través de la violencia.
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Pero esa solución tiene que ser o algo que esté consolidado en la norma
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o algo que en su caso pueda, analógicamente, recogerse a través de una norma,
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puesto que una solución a un determinado conflicto sea extrajudicial
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o sea extrajurídico, no significa, de ninguna de las maneras,
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que tenga que ser ilegal o que tenga que ser ajeno a un conjunto de normas.
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Esto es la primera base en la que debemos centrar, en todo caso,
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la idea de la mediación escolar.
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El agente mediador, el mediador, lo primero que tiene que representarse
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es precisamente qué tipo de conflicto será el que deba someter a su consideración.
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En definitiva, en primer lugar, en relación con esta primera parte,
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como ya veremos, los conflictos, fundamentalmente aquellos
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que deban ser objeto de solución a través de la mediación escolar
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no van a ser los mecanismos represivos, de ninguna de las maneras.
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No podemos intentar resolver a través de la mediación escolar problemas de agresividad.
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No podemos dar respuesta concreta a una agresión de un menor a otro.
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Lo que tenemos que tratar a través de la mediación escolar es, fundamentalmente, la prevención.
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¿Cuál? Las dos, la prevención general y la prevención individual.
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Prevención general, ¿cómo? Poniendo de manifiesto al resto de las personas o menores
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que de alguna manera puedan querer solucionar sus problemas ajenos al diálogo
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y, por otro lado, una prevención individual.
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¿Cómo? Haciendo que esas personas que se han visto sometidas a un conflicto
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vuelvan a reiterarlo o continúen con la misma situación.
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Pero no pensemos que la mediación escolar es, de ninguna de las maneras,
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la solución al conflicto planteado.
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Porque ya veremos, además de la agresión en sí mismo o de la conducta violenta,
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sobre todo habrá que sopesar qué causas han originado esa reacción violenta.
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He dicho, además de esto, que las conductas agresivas pueden, en su caso,
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formar parte, por supuesto, de la solución del conflicto.
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Pero ya veremos, y estoy de acuerdo con la mayoría de los autores,
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en que no van a ser las conductas agresivas en sí mismas las que van a ser, fundamentalmente,
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posibles o susceptibles de ser sometidas a la mediación escolar.
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Como dicen algunos autores, lo que conseguiremos con esto es fomentar la mejora del clima escolar,
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fomentar la sociabilidad entre las partes, ya sea entre los menores en conflicto
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o ya sea entre los menores y otros miembros de la comunidad educativa,
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o trataremos, como digo, de fomentar los recursos o habilidades no agresivas
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para la solución de problemas.
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Pero de ninguna de las maneras, como digo, la mediación escolar va a ser la pauta
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o la panacea que resuelva las conductas agresivas concretas o la violencia
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o el bullying en sí mismo, ya sea considerado con carácter general
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o bien cada una de las conductas asociales individualmente consideradas
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que se puedan dar, por supuesto, en el ámbito escolar.
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Como ya veremos también, la mediación tiene una serie de características
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que son las que determinan, efectivamente, que haya que sopesar respecto de ella
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unas mínimas dosis de juridicidad.
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Recordemos que la mediación con carácter general y luego ya el ejemplo
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de la mediación familiar, que es la más típica y la que está más de moda ahora,
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tiene una serie de caracteres básicos que no podemos olvidar.
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Primero, es de libre disposición, es voluntario.
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Nadie se puede someter a una mediación si no es precisamente con sus propios criterios
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en base a su propia conciencia de que así debe hacerlo.
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Hay otras situaciones, por ejemplo, como son el hecho del poder de disposición de la materia.
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No todas las materias sobre las que yo quiera someterme a mediación
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se me van a permitir ser objeto de esa mediación.
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Ya veremos luego, como por ejemplo, yo puedo voluntariamente querer someterme
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a un procedimiento mediador, pero puedo no tener libre disposición
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sobre ese elemento sobre el que quiero mediar porque la ley no me lo permite
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o porque las normas dicen que debe tener usted una serie de consideraciones en cuenta con carácter previo.
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Que no sea un procedimiento formal, que no sea un procedimiento judicial,
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no significa, como ya he dicho anteriormente, que la mediación escolar tenga que ser ajena
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a ciertas dosis de normatividad que deben ser tenidas en cuenta por el agente mediador
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a la hora de formar parte de la solución de ese conflicto.
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Y sobre todo, el factor más importante de toda mediación y sobre todo de la mediación escolar
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es que tiene un marcado carácter público.
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Hay un interés público que subyace a toda mediación escolar y es doble.
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Primero, centrándonos, por supuesto, en las conductas agresivas.
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La mediación escolar que se refiere a conductas agresivas supone necesariamente,
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al menos en el ordenamiento jurídico español, el sometimiento de su solución
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a unas normas previamente establecidas y la intervención de una serie de instituciones
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previamente determinadas, como son el Ministerio Fiscal, las entidades públicas de protección de menores
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o incluso entidades públicas administrativas, que son las encargadas, en su caso,
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de llevar a cabo las actitudes mediadoras que se puedan sopesar.
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Por tanto, ese interés público hay que tenerlo en cuenta y evitará, primero,
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que determinadas partes puedan hacerse con la idea de que efectivamente pueden someter a mediación
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cualquier tipo de conflicto entre menores, aunque sea en el ámbito escolar.
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Y, segundo, ese interés público queda marcadamente determinado
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desde el momento en que estamos hablando de menores.
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Y en nuestro ordenamiento jurídico, cuando se habla de un menor en conflicto,
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obligatoriamente el interés público está presente, en contraposición con el interés privado,
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que puede ser, por supuesto, muy positivo, que se pretenda esbozar respecto de ese conflicto.
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¿Qué, cómo y quién?
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Vamos a ver ahora cada uno de estos aspectos de una forma un poco más definida.
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Los sujetos del conflicto, yo distingo fundamentalmente entre los sujetos en conflicto y los sujetos del conflicto.
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Los sujetos en conflicto son aquellos que se van a ver sometidas, precisamente,
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sus diferencias a la resolución mediadora.
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Fundamentalmente son dos menores, o son un menor y un adulto, quizás,
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pero fundamentalmente hablamos de la mediación interpares.
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Y los sujetos del conflicto serán todos aquellos que participan en la solución del problema,
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por supuesto, tanto los menores como, en su caso, el agente mediador,
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o como, en su caso, por supuesto, la organización administrativa, la comunidad educativa,
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a través de las AMPAS, a través de las asociaciones, por supuesto, de padres o madres, como digo,
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o a través de los propios educadores o profesores que formen parte del claustro.
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Veremos que cada uno de ellos tiene un papel, por supuesto, en la resolución de este problema,
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pero que ni todos los menores pueden ser sujetos del conflicto,
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que ni todas las personas pueden ser mediadores,
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y que, por supuesto, que no todo el mundo tiene derecho a intervenir en un proceso mediador,
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simplemente por el hecho de tener más o menos relación con un menor.
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Respecto de los sujetos en conflicto, lo primero que habrá que buscar el mediador es el equilibrio de fuerzas, por decirlo de alguna manera.
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Debe buscar el mediador un equilibrio previo que evite la desigualdad,
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no solamente la desigualdad jurídica, que ya digo que no hablo mucho de derecho,
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hablo de desigualdad real.
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No es lo mismo, por supuesto, someter a una mediación a un menor de nueve años con otro de dieciséis que a dos de quince.
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O dentro de los dos de quince no es lo mismo, como veremos, por supuesto,
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someter a mediación a un menor cuya capacidad de discernimiento es mínima
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respecto de otro que a lo mejor la tiene bastante avanzada.
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El mediador tiene que tener en cuenta, de forma muy clara y previa,
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si ese desequilibrio de fuerzas va a existir para evitar, en todo caso,
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que el proceso mediador pueda tener efectos negativos, peyorativos, distintos a los deseados.
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La edad es otro de los factores que debe tener, por supuesto, en cuenta el mediador,
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pero no solamente la edad con carácter biológico.
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Debe tener en cuenta la edad real, la edad biológica.
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Debe tener en cuenta no solamente la capacidad jurídica del menor,
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es decir, la capacidad de una persona para ser sujeto de derechos,
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sino la capacidad de obrar, es decir, si puede realmente ejercitarlos.
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Si puede llevar a cabo esos derechos a través de la actividad mediadora,
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puesto que han de respetársele también.
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Una especie de capacidad natural.
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Debe el mediador también tener en cuenta la diferencia entre voluntad y consentimiento.
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La voluntad, el consentimiento, perdón, es un ánimo, una disposición del menor
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a someterse a un acto concreto en un determinado momento
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o en un lapso de tiempo muy estricto, muy determinado.
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La voluntad es algo más, es.
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Ese consentimiento debe prorrogarse durante todo el tiempo necesario
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para que el proyecto salga adelante,
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puesto que, si no, no vamos a tener nada.
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Por lo tanto, debe distinguirse.
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No nos vale con que un menor consienta el sometimiento a una mediación,
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sino que, en todo caso, debe también tenerse en cuenta
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si ese menor va a ser proclive a mantener ese consentimiento
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y, por tanto, a formar una verdadera voluntad.
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Aquí entramos, por supuesto, de lleno en el problema de la representación legal.
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La representación legal, por supuesto, también es absolutamente necesaria.
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¿Cuántas veces hemos oído que se necesita o necesitamos que los padres consientan,
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que los padres lleven a cabo la ratificación del consentimiento del menor?
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Bueno, esto es hasta cierto punto.
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Debemos tener en cuenta que, en nuestro ordenamiento jurídico,
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las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores
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deben interpretarse de forma restrictiva.
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Así lo dice la ley.
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Además, hay que tener en cuenta que la representación legal
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no es absolutamente imprescindible y taxativa.
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No es que hasta los 18 años todo acto de un menor
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deba ser sometido a representación legal.
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La ley permite que determinados actos personalísimos del menor
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puedan realizarse por sí mismos sin necesidad de verse sometido
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a ese proceso, digamos, de ratificación de la representación legal.
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¿Y por qué no?
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Por supuesto, el tema de la mediación escolar puede ser uno de ellos.
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La propia ley obliga, en todo caso, o exige, o hace referencia
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a un principio de audiencia general del menor como obligatorio.
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No solamente en los procedimientos penales, civiles o administrativos,
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sino incluso, dice, en el ámbito familiar.
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Y dentro del ámbito familiar, por supuesto, tenemos que movernos
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también un poquito en el ámbito escolar.
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El menor tiene derecho a ser oído, el menor tiene derecho a ser escuchado
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y el menor tiene derecho, por supuesto, a que sus derechos sean salvaguardados
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si así los exigen.
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El menor tiene derecho a someterse a determinados actos
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sin necesidad de que los padres ratifiquen e incluso,
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y esto es importante, el menor tiene derecho a que,
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en el caso de contraposición de sus decisiones
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con respecto a la de sus padres representantes legales o quien sea,
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pueda dirimirse esa discordancia mediante un procedimiento
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en el que interviene precisamente el Ministerio Fiscal
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y también exige una resolución judicial.
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Eso tiene derecho a exigirlo al menor si quiere.
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Puede, por supuesto, decir yo quiero someterme a un procedimiento mediador
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pero, si mis padres no están de acuerdo, quiero exigir mis derechos en esta forma.
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Y para eso, como digo, está la institución en la que presto mis servicios.
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Además de esto, hay que tener en cuenta que, por supuesto, la emancipación
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también debe ser un criterio que, en su caso, pueda ser avalado por el mediador.
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No es lo mismo que un menor pueda estar o no emancipado que, por supuesto, no lo esté,
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en cuyo caso los efectos de la representación legal sean distintos.
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Y hay que tener en cuenta, además, que todo esto afecta no solamente a los victimarios
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sino también a las víctimas.
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Un ejemplo. En un procedimiento en el que un menor haya sido atacado
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o haya sido lesionado por otro menor,
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para que este menor víctima pueda someterse a un proceso de mediación,
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la ley exige, esto sí, la ratificación de su representante legal y una autorización judicial.
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Por lo tanto, como vemos aquí, ya no hay una libre disposición de la mediación
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por ninguna de las partes.
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La ley te lleva o te encauza hacia un determinado sitio.
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Esto debe saberlo el mediador
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para evitar, en todo caso, incompatibilidades reales y jurídicas
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que luego pueden afectar a la solución mediadora que se haya planteado como positiva inicialmente.
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El agente mediador quizás sea el aspecto más polémico de todo esto.
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Ahora mismo se están suscitando, que he visto,
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folletos incluso de organizaciones o de personas o de grupos de personas
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que se ofrecen como mediadores.
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¿Mediadores escolares?
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Si echamos la vista atrás, la mediación familiar,
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que es lo que está más regulado en nuestro ordenamiento jurídico,
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últimamente en Baleares ya se ha hecho también,
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exige necesariamente unas habilitaciones, unas aptitudes legales, básicas, mínimas,
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para que una persona pueda ser mediadora en un conflicto
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que estamos hablando de conflictos entre mayores.
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La mediación familiar se refiere fundamentalmente a separaciones y divorcios
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en los cuales no hay acuerdo y, por tanto, la solución se da entre mayores.
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Por tanto, en todo caso, hay que tener en cuenta que el agente mediador
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no puede de ninguna de las maneras ser cualquier persona.
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Debe exigirse una cierta actitud y habilitación legal.
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Desde aquí yo demando, en todo caso, una cierta regulación legal
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de qué personas pueden ser mediadoras
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para que, en todo caso, puedan conscientemente formar parte, digamos, de ese proceso mediador.
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No hablo de profesionalismo ni profesionalización.
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Hablo de acreditación, de actitudes profesionales
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para llevar a cabo una labor tan importante como es la posibilidad de solucionar,
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dialogadamente, un conflicto entre menores.
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Respecto de otros participantes, y vista la premadura del tiempo,
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simplemente hacer referencia a que, en todo caso,
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su participación obedecerá a las necesidades de su pertinencia
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y la posibilidad, en su caso, de que tenga algún efecto positivo
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sobre el movimiento mediador en el que nos vamos a mover en ese momento.
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El objeto de la mediación es otro de los factores también claves y más determinantes.
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En primer lugar, como ya he dicho,
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porque debe existir un proceso previo de selección del objeto
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en el cual debe tenerse en cuenta, primero,
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que no todo conflicto puede ser sometido a mediación
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y, mucho menos, en todo caso, las conductas estrictamente violentas,
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excepto que se pretenda con ellas la prevención general
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o la prevención individual de su continuación.
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Y deben distinguirse, por supuesto, las conductas aisladas, aunque sean violentas,
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y también aquellas conductas que puedan ser meramente disruptivas
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o que simplemente supongan caracteres que puedan resolverse mediante el régimen disciplinario.
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Y, sobre todo, ya dije en su momento,
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debemos tener en cuenta no solamente lo que es la agresión en concreto
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o el conflicto violento en concreto, sino también, por supuesto,
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debemos tener cuáles son las causas que han determinado, en todo caso,
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que esos menores se hayan visto sometidos a tener que agredirse para solucionar su conflicto.
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Porque lo mismo estamos tratando, como se ha planteado en alguna pregunta,
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de menores que tienen algún déficit psíquico
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o de menores que su problema realmente es de trastornos de personalidad
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o incluso enfermedades físicas, como puede ser una anorexia o cualquier otra de carácter terapéutico.
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No podemos estar intentando solucionar, mediante la mediación,
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aspectos que obedecen, por supuesto, a otros aspectos profesionales muy distintos
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y que ya tienen, en todo caso, cumplimentadas de forma bastante acreditada,
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la profesionalización para su resolución.
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Por supuesto, tampoco podemos olvidar, como ya he dicho,
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que tratándose fundamentalmente de bullying o conductas violentas en la escuela,
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ello supone necesariamente la existencia de un factor que parece ser que no se tiene en cuenta,
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y es que esto da lugar a infracciones penales o a posibles infracciones penales.
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Como tales, deben ser sometidas a un procedimiento concreto que ya se establece en la ley oportuna,
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que incluso no tienen por qué terminar, ni mucho menos, con una represión o una sentencia o una pena.
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La mayoría de las veces se, precisamente, acaban mediante soluciones mediadoras,
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pero no soluciones mediadoras que puedan llevar a cabo cualquiera,
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sino que tienen que llevarla a cabo los profesionales que están especialmente determinados en esa ley
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y en la forma, precisamente, que en ella se establece.
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¿Por qué? Porque a partir de ese momento ya no existe libre disponibilidad por las partes
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para someter a mediación a esos menores en concreto,
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y el interés público que anteriormente dijimos también debe ser tenido en cuenta
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a la hora de determinar que no existe la posibilidad de ser ajeno a que son otros elementos
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los que tienen que participar en esa solución mediadora y no lo que yo quiera.
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Esto no hace ni mucho menos incompatible, como digo,
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la posibilidad de que ambos movimientos mediadores puedan darse simultáneamente.
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Termino ya, simplemente, para decir respecto de los límites ejecutivos,
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que en todo caso debemos evitar no confundir la mediación con la mediatización.
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En el caso de que el menor niegue el consentimiento o que lo rechace en cualquier momento,
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debe ser esto lo que prevalezca.
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Parto de la idea de que la mediación escolar es siempre un proceso,
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en todo caso voluntario, que no puede ser ajeno de ninguna de las maneras
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a que esa voluntad pueda desaparecer en algún momento del proceso
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y, por tanto, será ese el que tenga que tenerse en cuenta,
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incluso aunque con anterioridad,
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ese consentimiento o esa voluntad haya prevalecido inicialmente como válida.
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Por tanto, y finalmente, una vez que nosotros tengamos determinados
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que esos sujetos que van a participar en la mediación son exactamente los que pueden
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y en la forma en que debe hacerse,
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que en su caso se ha ratificado su consentimiento mediante los elementos oportunos
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o han podido ellos someterse sin necesidad del mismo,
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comprobado en todo caso que los agentes mediadores tienen la actitud suficiente
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como para poder dar fin a ese conflicto,
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porque se ha acreditado anteriormente que, efectivamente,
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esas actitudes han sido desarrolladas, han sido expuestas, digamos,
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de forma fehaciente para poder llevarlo a cabo de forma efectiva y positiva,
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y una vez que hemos determinado que la exigibilidad del compromiso
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depende, en todo caso, de la voluntad de aquellos que se van a someter,
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tendremos la actividad mediadora como correctamente formada.
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Ojo, no que la mediación sea, por supuesto, validada por este conjunto, digamos,
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de actividades normativas previas, sino que tendremos la base
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en la cual la actividad mediadora que nosotros queramos desarrollar
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efectivamente se podrá poner de manifiesto y tendrá, en su caso, aspectos positivos o no,
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pero será válidamente conformada para que nadie pueda, en todo caso,
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negar que efectivamente ha sido vulnerado algún derecho de alguna de las partes
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durante su tramitación o durante su ejecución.
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Termino rápidamente.
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Simplemente hacer constar que no debemos, en todo caso, o no nos deben dejar
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que pensemos que nuestra juventud sigue siendo una juventud sana
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y que, de alguna de las maneras, como ocurre con la violencia doméstica,
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se nos pretende hacer creer que precisamente lo normal es la violencia,
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porque no es así.
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Debemos educar, efectivamente, y, como dijo alguien, invertir en ello.
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Alguien dijo, bueno, no recuerdo el nombre o sí lo recuerdo,
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pero así queda más espontáneo.
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Alguien dijo que, en todo caso, si cree usted que educar es caro,
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pruebe con la ignorancia.
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Y ya para terminar también y para que no nos hagan pensar efectivamente
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que esto es lo normal, y parafraseando también a Gandhi,
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que es nuestra estrella invitada esta tarde, pues hay que tener en cuenta
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que se dice o dice que hace mucho más ruido un árbol que cae
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que un bosque creciendo.
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Y, por tanto, eso es lo que debemos tener en cuenta.
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Lo que no se oye, que es lo más positivo,
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y aquello respecto de lo que podemos, en todo caso, poner nuestra énfasis
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y nuestra mayor colaboración.
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Muchas gracias.
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Aplausos
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Muy bien. Muchas gracias, José Díaz Capa.
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Se abre un auténtico ámbito de discusión
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que realmente, por desgracia, no vamos a poder tener en este momento.
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- Idioma/s:
- Autor/es:
- Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
- Subido por:
- EducaMadrid
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- Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
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- Fecha:
- 6 de marzo de 2007 - 13:57
- Visibilidad:
- Público
- Enlace Relacionado:
- Ilmo. Sr. D. José Díaz Cappa, Fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares
- Descripción ampliada:
Ponencia del Foro para la Convivencia (Encuentro Europeo por la Convivencia) realizada el día 30 de enero de 2007 en el Centro Cultural Conde Duque: “Mediación escolar: quién, qué y cómo” por el Ilmo. Sr. D. José Díaz Cappa, Fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y que forma parte de la mesa redonda: “Mejorar la Convivencia: Una Tarea de Todos".
- Duración:
- 26′ 14″
- Relación de aspecto:
- 4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
- Resolución:
- 480x360 píxeles
- Tamaño:
- 280.12 MBytes
