Juan CarlosLópez
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La función pública docente no universitaria está ordenada en una serie de cuerpos a los
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que corresponde en exclusiva el desempeño de sus funciones en los distintos niveles
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en los que está estructurado el sistema educativo y cuyo estatuto está conformada por una regulación
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específica. Como iremos viendo, se trata de cuerpos estatales en los que el Estado
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español garantiza un mismo acceso a la función pública, con los mismos requisitos y facilitando
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una movilidad laboral por todo el país, donde finalmente son las comunidades autónomas las
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encargadas de su gestión. El personal docente se rige por su normativa específica, que viene
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conformada por una parte por una serie de normas propias que permita contemplar las particularidades
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de la función docente y, por otra, por las normas básicas en materia de función pública, pero con
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el alcance que en las mismas se establezca. Por ejemplo, la Ley Orgánica 8 de 1985 del
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Derecho a la Educación, actualmente en vigor en muchos preceptos, efectúa un rotundo reconocimiento
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de la libertad de cátedra, de forma más amplia que lo hicieron disposiciones normativas
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anteriores. En su artículo 3º señala que los profesores, en el marco de la Constitución,
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tienen garantizada la libertad de cátedra. Su ejercicio se orientará a la realización
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de los fines educativos de conformidad con los principios establecidos en esta ley.
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A continuación, nos encontramos, por un lado, con la Ley Orgánica 2 de 2006, de 3 de mayo,
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de Educación, con las modificaciones introducidas por la reciente Ley Orgánica 3 de 2020, de
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29 de diciembre, en la que una parte importante de sus disposiciones adicionales tiene que
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ver con el establecimiento de las bases del régimen estatutario de la función pública
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para el personal docente. Por otro, con la Ley 30 de 1984, de 2 de agosto, de medidas para la
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reforma de la función pública, que ha sido sustancialmente superada por el Real Decreto
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Legislativo 5 de 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
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Estatuto Básico del Empleado Público, al que nos referiremos como Estatuto Básico del Empleado
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público o mediante las siglas TREBEP. La Ley Orgánica 2 de 2006, de 3 de mayo de
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educación, recientemente modificada por la Ley Orgánica 3 de 2020, de 29 de diciembre,
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a la que denominaremos a partir de ahora simplemente LOE, dedica su título tercero al profesorado,
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aunque ya en su preámbulo se anuncia el protagonismo que debe adquirir, así como la importancia
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prioritaria de su formación inicial y permanente, en la cual se destaca el papel de la tutoría
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y asesoramiento de los nuevos profesores por parte de compañeros experimentados.
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Esta es, sin duda, una peculiaridad del proceso de selección de los funcionarios docentes
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no universitarios, a quienes, además de superar un previo proceso selectivo, en condiciones
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de igualdad, mérito y capacidad, se les impone el esfuerzo añadido de superar un
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periodo de prácticas retribuidas, obviamente, orientadas a completar su formación. No obstante,
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como iremos viendo, los funcionarios docentes no universitarios están sujetos a un régimen
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jurídico disperso. El capítulo 1 del título 3º de la LOE describe las funciones del profesorado
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y el segundo los distintos tipos de profesorado, distinguiendo entre el profesorado de educación
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infantil, el de educación primaria, el de educación secundaria y bachillerato, el de
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formación profesional, el de enseñanzas artísticas, el de idiomas, el de enseñanzas
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deportivas y el de educación de personas adultas. El profesorado de religión, por
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el contrario, se regula en la disposición adicional tercera.
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Las bases del régimen estatutario de la función pública docente se establecen en la disposición
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adicional sexta, que aúna, además de las recogidas con tal carácter en la Ley 30 de
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1984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública, las reguladas por
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la propia LOE y las disposiciones normativas que la desarrollen para el ingreso, la movilidad
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entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuerpos y escalas y la provisión de
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plazas mediante concursos de traslados de ámbito estatal. Asimismo, en la disposición
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adicional séptima se regulan cuestiones tan esenciales como la ordenación de la función
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pública docente y las funciones de los cuerpos docentes. Los cuerpos de catedráticos en
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la disposición adicional octava, los requisitos para el ingreso en los cuerpos de funcionarios
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docentes de catedráticos y de inspectores en las disposiciones adicionales novena y
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décima y la equivalencia de titulaciones del profesorado, el ingreso y la promoción
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interna en la disposición adicional undécima. Finalmente, las disposiciones transitorias
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primera a quinta recogen otras previsiones añadidas, como son los maestros adscritos a
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los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria en la disposición
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transitoria primera, la jubilación voluntaria anticipada en la disposición transitoria segunda,
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la movilidad de los funcionarios de los cuerpos docentes en la disposición transitoria tercera,
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los profesores técnicos de formación profesional en bachillerato en la disposición transitoria
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cuarta y el personal laboral fijo de centros dependientes de las administraciones no autonómicas
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en la disposición transitoria quinta. El acceso a la función pública docente regulado
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en la LOE se desarrolló mediante el Real Decreto 276 de 2007, de 23 de febrero, por
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el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Accesos y Adquisición de Nuevas Especialidades
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en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2 de 2006 de 3 de mayo de Educación
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y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria
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decimoséptima de la citada ley, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 84 barra
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2018 de 23 de febrero.
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Es importante resaltar también la regulación que para el acceso a la profesión docente
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establece el Real Decreto 1834 de 2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las
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condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria
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obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen
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especial, y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria,
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cuyas disposiciones se han dictado en desarrollo de la disposición adicional séptima de la
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OE. Existe otro cuerpo normativo estatal que afecta directamente al profesorado de la función
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pública docente en lo concerniente a los centros en los que se desarrolla la profesión, que se
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señala aquí por su carácter singular de permanencia y son las órdenes de 29 de junio de 1994, por las
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que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos
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de educación secundaria y las escuelas de educación infantil y colegios de educación
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primaria, que se aplican con carácter supletorio en todo lo que no se oponga a las disposiciones
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reguladas por las comunidades autónomas. La provisión de puestos de trabajo está
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prevista en el Real Decreto 1364 de 2010, de 29 de octubre, por el que se regula el
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concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes
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contemplados en la LOE y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.
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De conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la LOE, los cursos escolares
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en los que no se celebren los concursos de ámbito estatal, las administraciones educativas
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podrán desarrollar procedimientos de provisión referidos al ámbito territorial cuya gestión
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les corresponda, destinados a la cobertura de sus plazas o puestos, todo ello sin perjuicio
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de que en cualquier momento puedan realizar procesos de redistribución o de recolocación
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del profesorado dependiente de las mismas. En otro orden, la Ley 30 de 1984, de 2 de
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agosto, de medidas para la reforma de la función pública, con las modificaciones introducidas
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por la Ley 23 de 1988, de 28 de julio, estableció que con carácter general los puestos de trabajo
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de la Administración del Estado debían ser desempeñados por funcionarios públicos.
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Se trata de una ley aprobada por las Cortes Generales en los inicios del régimen constitucional,
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la cual declaró en su artículo 1.3, como bases del régimen estatutario de los funcionarios
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públicos, una parte importante de la misma. No obstante, como indica su propia denominación,
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la Ley 30 de 1984 no fue una ley de ordenación global del Estatuto de los Funcionarios,
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sino que constituyó más bien un conjunto de modificaciones singulares. De ahí la razón
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de que dicha ley no derogara totalmente la anterior Ley de Funcionarios Civiles de la
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Administración del Estado, que fue aprobada mediante Decreto 315 de 1964, de 7 de febrero,
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que permaneció parcialmente en vigor. Tras varios intentos en legislaturas anteriores
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y una nueva doctrina constitucional, la antigua Ley de Funcionarios Civiles de la Administración
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del Estado de 1964 había agotado su capacidad para inferir normas básicas, que como sabemos
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son las disposiciones legislativas que adoptan las instituciones generales del Estado en
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determinados ámbitos materiales en base a la competencia reconocida por nuestra Constitución
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y que corresponde posteriormente a las comunidades autónomas el desarrollo de dicha regulación.
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debido a esta merma en la capacidad de regulación de legislación básica de la incompleta ley de
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medidas para la reforma de la función pública de 1984 las cortes generales aprobaron la ley 7 de
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2007 de 12 de abril del estatuto básico del empleado público que después de experimentar
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múltiples modificaciones puntuales fue objeto del real decreto legislativo 5 de 2015 de 30 de
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
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Público, el TREBEP. El TREBEP no es una ley exclusivamente para los funcionarios públicos,
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a diferencia de las leyes de 1964 y 1984, sino que se declara de aplicación al personal
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funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral al servicio de todas las administraciones
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públicas, y de ahí su denominación de Estatuto Básico del Empleado Público. El Estatuto
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trata de sintetizar aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector público administrativo
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sea cual sea su vínculo de quienes lo hacen en el sector privado, así como en el sector
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público empresarial, salvo entidades públicas empresariales y fundacional. El TREBEP contiene
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una diversidad de preceptos de distinta estructura como son normas directamente aplicables, por
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ejemplo, en materia de situaciones administrativas, normas de garantía mínima que establecen
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un estándar que no puede ser rebajado por el legislador autonómico, pero sí complementado,
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como los permisos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo
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49. Reservas formales de ley, por ejemplo, cuando
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se establece que sólo en virtud de ley podrá aplicarse el sistema de concurso para la selección
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de funcionarios públicos en el artículo 61.7, ya que el sistema selectivo para los
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funcionarios ha sido establecido en el artículo 61.6 como oposición y concurso oposición,
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y normas supletorias que se aplican en defecto de determinación en la legislación de cada
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administración, como sucede con los permisos de los funcionarios del artículo 48.
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Sin embargo, el Estatuto Básico del Empleado Público ha dejado pendiente un Estatuto
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específico para el personal docente no universitario, debido a lo cual es preciso extraer de aquel
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las disposiciones que sean específicamente de aplicación a este personal. El artículo
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2.3 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que el personal docente y el personal
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estatutario de los servicios de salud se regirá por la legislación específica dictada por
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el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias
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y por lo previsto en el presente estatuto. El capítulo segundo del título tercero salvo
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el artículo 20 y los artículos 22.3, 24 y 84. La interpretación literal del precepto
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nos indica que el personal docente se regirá por la legislación específica dictada por
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el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias
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siempre y cuando dicha legislación específica no contradiga o se oponga al contenido del
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estatuto que es de aplicación a dicho personal docente. De acuerdo con la clasificación que
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realiza el TREBEP y las disposiciones en materia de función pública vigentes de las leyes 30
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barra 1984 y de 1964, las clases de empleados públicos que prestan servicio en los centros
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docentes no universitarios serán funcionarios de carrera, los que en virtud de nombramiento
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legal están vinculados a una administración pública educativa por una relación estatutaria
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regulada por derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos
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de carácter permanente. Pertenecen a cuerpos docentes y realizan funciones docentes. Funcionarios
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interinos, los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son
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nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera
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de cuerpos docentes, en tanto no se provean por estos y realizan funciones docentes.
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Funcionarios en prácticas, aquellos que, tras superar las pruebas selectivas, aún
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deben superar un periodo de prácticas antes de ser nombrados funcionarios de carrera.
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Denominaremos otros docentes al personal que, cualquiera que sea su titulación o régimen
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jurídico, realiza funciones docentes y que no está comprendido en los supuestos anteriores,
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por ejemplo, el profesorado de religión. Además, existirá también el personal funcionario de
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carrera no docente, interino no docente o en prácticas no docente, con su relación estatutaria
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regulada por derecho administrativo a partir de su nombramiento respectivamente. En cada
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administración resulta necesario definir y crear agrupaciones de funcionarios, tanto para organizar
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la selección de empleados de manera más eficiente como para agrupar los puestos. Estas agrupaciones
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de funcionarios reciben tradicionalmente el nombre de cuerpos, escalas, clases o especialidades,
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de acuerdo con el artículo 75.1 del TREBEP. La ley 30 de 1984 creó la técnica de agrupación
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de funcionarios en función de la titulación académica exigida para el acceso a la función
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pública que el TREBEP, en su artículo 76, ha adaptado a las nuevas estructuras del sistema
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educativo, tanto no universitario como universitario. De acuerdo con la clasificación de niveles
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del TREBEP, los funcionarios docentes no universitarios se clasifican en los siguientes grupos y subgrupos.
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En el grupo A, subgrupo A1, los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, catedráticos
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de música y artes escénicas, catedráticos de artes plásticas y diseño, catedráticos
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de escuelas oficiales de idiomas, profesores de enseñanza secundaria, profesores de música
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y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, profesores de escuelas oficiales
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de idiomas, así como el cuerpo de inspectores de educación. En el grupo A, subgrupo A2,
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los cuerpos de maestros y maestros de taller de artes plásticas y diseño, así como el
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cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, fruto de la reciente
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modificación introducida por la Ley Orgánica 3 barra 2020 de 29 de diciembre, por la que
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se modifica la Ley Orgánica 2 barra 2006 de 3 de mayo de Educación. Muchas gracias por su atención.
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