Susana Rodríguez 1
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Mi nombre es Susana Rodríguez y en este bloque de contenidos incluiremos tres videotutoriales
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sobre la convivencia en los centros educativos. A continuación se procederá a hacer un breve
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estudio de conjunto sobre la normativa que regula la convivencia escolar a nivel estatal
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y autonómico y sobre una norma en concreto, el Decreto 32 barra 2019 de 9 de abril, por
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el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de
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la Comunidad de Madrid. Siguiendo las cuestiones preliminares de esta última norma, uno de los
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retos más importantes con los que se enfrenta la sociedad es el de capacitar a sus ciudadanos para
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el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, así como para la prevención de conflictos y su
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resolución pacífica. Este reto se vuelve más importante cuando nos encontramos en una sociedad
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cambiante y cada vez más globalizada. De ahí que dispongamos de un amplio marco normativo que
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regula la convivencia en los centros. Comenzaremos pues hablando sobre las fuentes externas,
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es decir, aquella normativa que se ha creado fuera de nuestras fronteras y que España
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ha asumido como propia, ya sea por la firma de tratados bilaterales, la pertenencia a
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la Unión Europea o su adhesión a cualquier organismo internacional. Entre ellas debemos
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citar la Declaración de Incheon para la Educación 2030, cuyo contenido pretende garantizar una
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educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para
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todos durante toda la vida. La Convención de los Derechos del Niño de
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Naciones Unidas, en la que se recoge la consideración del menor como un sujeto con derechos y, por
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ello, objeto de cuidado y protección. La Convención sobre los Derechos de las Personas
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con Discapacidad de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño número 55 y las
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conclusiones de la Unión Europea de 22 de septiembre de 1997 de seguridad en
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las escuelas. En ella se hace un llamamiento a los
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estados miembros para que prosigan y en caso necesario mejoren sus actividades
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de fomento de seguridad en las escuelas, implementando estrategias de intercambio
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de información y experiencias y creando proyectos piloto. Ya expuestas las
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fuentes externas, a continuación se analizarán las internas, es decir,
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aquellas normas que han sido elaboradas dentro de nuestras fronteras, diferenciando a su vez
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entre su carácter inespecífico o transversal y específico. Asimismo, se diferenciará entre
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aquellas normas que han sido elaboradas en el marco normativo de la Administración General
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del Estado y aquellas que han sido aprobadas por la Comunidad de Madrid. Dentro de las fuentes
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internas inespecíficas, en el ámbito de la Administración General del Estado debe hacerse
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alusión a las siguientes. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley
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Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica de Protección
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de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, la Ley Orgánica de Protección
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Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Este texto, de reciente
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aprobación, introduce modificaciones en diversas normas, como por ejemplo la Ley Orgánica
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de protección jurídica del menor. En dicha ley se regula la sensibilización, prevención
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y detección precoz de la violencia infantil. Recoge la obligación de la Administración
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General del Estado de disponer de una estrategia de erradicación de la violencia sobre la
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infancia y la adolescencia, con especial incidencia en el ámbito familiar, educativo, sanitario,
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de los servicios sociales y de las nuevas tecnologías. Respecto a la prevención de
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la violencia en los centros educativos, se completa el marco establecido en el artículo
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124 de la Ley Orgánica de Educación de 2006, al establecer, junto con el plan de convivencia
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allí previsto, la necesidad de protocolos específicos de actuación frente a indicios
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de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier
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otra forma de violencia. El capítulo dedicado a las nuevas tecnologías
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promueve un uso seguro y responsable de Internet por parte de los niños, adolescentes, las
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familias y profesionales que trabajan con menores de edad. Y se prevé el desarrollo
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de campañas educativas sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado de la red que
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puedan generar fenómenos de violencia sexual contra los niños y adolescentes, como el
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ciberbullying, el grooming, la ciberviolencia de género o sexting, así como el acceso
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y consumo de pornografía entre menores de edad. En este bloque de normas debemos hacer
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referencia también a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
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Género y a la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz. A su vez, dentro de
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estas fuentes inespecíficas, ya en el contexto de la Comunidad de Madrid, han de destacarse
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las siguientes. La Ley de Garantías de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia de la
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Comunidad de Madrid, dicha ley establece que las acciones que se promuevan por las
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administraciones públicas para la atención de la infancia y la adolescencia deberán
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responder a los siguientes principios. Deberá primar el interés superior del menor sobre
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cualquier otro interés. Deberá velarse por el pleno ejercicio de los derechos subjetivos
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del menor y, en todo caso, el derecho a ser oído en cuantas decisiones le incumben, en
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los términos establecidos en el Código Civil y deberá eliminarse cualquier forma de discriminación
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y garantizarse el carácter eminentemente educativo de cuantas medidas se adopten para
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que partiendo de la individualidad del menor se procure su socialización. En este bloque
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de normas debemos hacer referencia también a la Ley 2 barra 2010 de Autoridad del Profesor.
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Esta norma responde a la necesidad objetiva de adoptar medidas legales para reforzar la
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autoridad de maestros y profesores con el fin de garantizar el derecho
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individual a la educación, mejorar la convivencia en los centros educativos y
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aumentar la calidad de la enseñanza. Debemos citar también la ley de
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identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación y la
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ley de protección integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por
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razón de orientación e identidad sexual, así como las instrucciones de la
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Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración y revisión del Plan de
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Atención a la Diversidad en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que imparten
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enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria de 19 de julio de 2005.
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A continuación vamos a enumerar las fuentes específicas, es decir, aquellas que hacen
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alusión directa a la convivencia en los centros. De nuevo se diferenciará entre aquellas normas
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que tienen ámbito nacional y aquellas otras que tienen ámbito autonómico. Entre las
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fuentes específicas de ámbito nacional, cabe destacar la Constitución Española de
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1978, la Ley Orgánica 8-85 de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. Una
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ley que, aunque tenga ya más de tres décadas, sigue siendo un referente fundamental a la
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hora de velar por el funcionamiento de la comunidad educativa. La Ley Orgánica 2-2006
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de 3 de mayo de Educación, en su texto consolidado con las modificaciones introducidas por la
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Ley Orgánica 3 barra 2020 de 29 de diciembre, en su articulado, esta Ley Orgánica introduce
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el plan de convivencia como instrumento fundamental para mantener un adecuado clima en los centros,
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debiendo elaborarse desde los principios de no discriminación e inclusión educativa.
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El cumplimiento de este plan de convivencia lo han de garantizar las normas de organización
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y funcionamiento de los centros, considerándose que serán de obligado cumplimiento para el
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conjunto de la comunidad educativa. Y atribuye competencias sobre la convivencia al consejo
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escolar, al claustro de profesores y a la dirección del centro. No debemos olvidar
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en este bloque de normas el Real Decreto 83-96, por el que se aprueba el reglamento orgánico
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de los institutos de educación secundaria, y los Reales Decretos 1532 y 1533-86 de 11
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de julio, por los que se regulan las asociaciones de alumnos y las asociaciones de padres de
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alumnos.
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Entre las fuentes específicas dentro de la Comunidad de Madrid ha de citarse la que será
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nuestra norma estrella a lo largo de este bloque de contenidos, el Decreto 32 barra
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2019, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes
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de la Comunidad de Madrid.
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El Decreto 32 es una norma con escasos años de vigencia y que a su vez es el resultado
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de la fusión y reorganización de diferentes fuentes normativas que ya hemos citado, tanto
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de ámbito nacional como autonómico. Se trata de una norma que, por así decir, ordena el
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conjunto de aspectos que resultan fundamentales para regular la convivencia en cualquier centro
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educativo y que, por ello, debe resultar transparente y accesible para todos los miembros de la
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comunidad educativa. Finalizamos esta sesión con el estudio preliminar
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de este decreto, que abarca los artículos 1 y 2. El artículo 1, relativo al objeto
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y ámbito de aplicación de este decreto, establece que tiene por objeto regular la
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convivencia escolar, concretar los derechos y deberes de los miembros de la comunidad
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educativa, así como establecer las normas y procedimientos para la resolución de los
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conflictos en el marco de la autonomía de los centros. A continuación, en los apartados
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segundo y tercero establece cuál será su ámbito de aplicación y a este respecto se
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afirma que será de aplicación tanto en los centros públicos como en los centros privados
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concertados que impartan enseñanzas no universitarias, excluyendo explícitamente en las líneas
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subsiguientes a los centros privados no concertados. El artículo 2 hace referencia a los principios
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generales de la convivencia escolar y asegura que la Comunidad de Madrid se inspira en el
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artículo 120 del Aloe para confeccionarlos y enumerarlos. Estos principios generales de la
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convivencia escolar son los siguientes. La participación y la responsabilidad compartida,
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sociedad, comunidad educativa, el reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y
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de los miembros de los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección
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jurídica a sus funciones, la autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio
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marco de convivencia dentro de las disposiciones vigentes, la integración de la convivencia
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dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el compromiso con la prevención y eliminación
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del acoso escolar y ciberacoso, tanto dentro como fuera de las aulas, la resolución pacífica
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de los conflictos y el rechazo a cualquier forma de violencia y la protección a las
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víctimas. Observamos, por tanto, que el Decreto 32-2019 recoge principios generales y aspectos
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también incluidos en otras normas. Finalizamos aquí la exposición del marco introductorio
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relativo a este bloque de contenidos y advertir finalmente que en los próximos vídeos continuaremos
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profundizando en el estudio del Decreto 32 barra 2019 de 9 de abril. Muchas gracias.
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